El decreto 915 es un atentado a la carrera docente

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Un logro del Paro Nacional de 24 horas del magisterio fue la consecución de una mesa técnica jurídica para ajustar este tipo de decretos expedidos por el gobierno de manera unilateral.


Con el Decreto 915 expedido el primero de junio, el Gobierno Nacional obstaculiza y aleja la posibilidad de consolidar el Estatuto Único de la Profesión Docente.

El Ministerio de Educación el 1 de junio expidió el Decreto 915 con el que hacen reformas sustanciales al decreto ley 1278 de 2002, que además de obstaculizar y hacer más engorroso el proceso de evaluación y selección de maestros al sistema educativo distancia la posibilidad de construir un estatuto único para la profesión docente.

“Este decreto es un ejercicio de la tecnocracia, porque aumenta criterios, procedimientos, y complica todas las situaciones administrativas para resolver una convocatoria de concurso para nombrar docentes y directivos docentes”, expuso Jhon Ávila, Director del Ceid Nacional.

Antes del  Decreto 915: la estructura del concurso partía de la disponibilidad de vacantes y se planteaban las etapas de la inscripción, realización de pruebas, resultados y audiencias públicas.

Ahora con el decreto: se agregó la  aplicación de pruebas para la valoración de antecedentes; se modificó el periodo de prueba, incluyéndolo como etapa del concurso, antes el periodo de prueba era independiente.

En el 1278 se rechaza la prueba de competencias que tiene 3  componentes; disciplinar, pedagógico y comportamental. Con este decreto  se habla de 4 tipos de competencias, que se subdividen en otros ítems: lenguaje, matemáticas, tecnológicos y evaluativos.

Los nuevos procedimientos incrementan los costos del proceso, lo cual significa un aumento en el pago que deberán asumir docentes y entes territoriales. Frente a la convocatoria, se agrega un  manual  de requisitos, funciones y competencias. Se crea una tabla de clasificación de la prueba de  antecedentes y se aumentan los puntajes  de 60 a 70 para docentes y de 70 a 80 para directivos docentes.

“Es un afinamiento de los mecanismos para la restructuración docente de la política que desde hace rato viene imponiendo el Estado, donde los docentes no piensan desde su formación y su experiencia, sino únicamente desde las evaluaciones; en este sentido, se hacen más difíciles los mecanismos de evaluación para la selección de docentes”, explicó Ávila.

Frente a las vacantes definitivas, antes eran las entidades territoriales certificadas las que reportaban. Ahora, además del reporte, se crearon reglas para definir prioridades: una certificación de gobernadores y dos procedimientos administrados por el sistema de información.